Canal de Denuncias Confidencial

Este canal interno de información se establece conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

Conforme al artículo 5 de la Ley 2/2023, están obligadas a disponer de un sistema interno de información todas las personas jurídicas del sector privado con 50 o más trabajadores, así como las entidades del sector público, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

• Acuse de recibo: En un plazo máximo de 7 días hábiles desde la recepción de la comunicación (art. 9.1).
• Plazo de resolución: Las actuaciones de investigación se llevarán a cabo en un plazo máximo de 3 meses a contar desde la recepción de la comunicación (art. 9.2.e).
• Ampliación excepcional: En casos de especial complejidad, el plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 6 meses, previa notificación motivada al informante.
• Comunicación al informante: Se informará al denunciante de las acciones previstas o adoptadas como seguimiento, así como de los motivos de las mismas.

• Confidencialidad (art. 33): La identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación será confidencial. No podrá ser revelada a personas no autorizadas.
• Protección frente a represalias (art. 36): Quedan prohibidas todas las formas de represalia, incluidas las amenazas y las tentativas de represalia.
• Derecho a asistencia jurídica: El informante tiene derecho a recibir asesoramiento jurídico confidencial sobre sus derechos y protecciones.
• Inversión de la carga de la prueba (art. 38): En procedimientos judiciales o administrativos, se presumirá que cualquier perjuicio sufrido por el informante constituye una represalia, correspondiendo a la entidad demostrar lo contrario.
• Comunicación anónima: Se admiten comunicaciones anónimas, que serán tramitadas con las mismas garantías de investigación y seguimiento.

Conforme al artículo 36.2 de la Ley 2/2023, se consideran represalias prohibidas, entre otras:

• Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral
• Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas financieras
• Inclusión en listas negras o difusión de información que impida el acceso al empleo
• Denegación o anulación de licencias o permisos
• Discriminación, trato desfavorable o acoso
• No conversión de un contrato temporal en indefinido
• No renovación o terminación anticipada de un contrato temporal
• Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral
• Imposición de medidas disciplinarias, amonestaciones o sanciones
• Coacción, intimidación o marginación

• Responsable del tratamiento: Navarro Asesores Legales y Tributarios, S.L.P.
• Finalidad: Gestión y tramitación de las comunicaciones recibidas a través del sistema interno de información, conforme a la Ley 2/2023.
• Base jurídica: Cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD) y misión de interés público (art. 6.1.e RGPD).
• Conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo imprescindible para la tramitación de la investigación y, en todo caso, no más de 10 años desde la recepción de la comunicación.
• Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a protecciondedatos@navarro.legal.
• Limitaciones: El acceso a los datos quedará limitado exclusivamente al responsable del sistema y a las personas designadas para la investigación, conforme al artículo 32 de la Ley 2/2023.

Conforme al artículo 2 de la Ley 2/2023, son denunciables las infracciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español en los siguientes ámbitos:

• Contratación pública
• Servicios, productos y mercados financieros; prevención del blanqueo de capitales
• Seguridad de los productos y conformidad
• Seguridad del transporte
• Protección del medio ambiente
• Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear
• Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales
• Salud pública
• Protección de los consumidores
• Protección de la privacidad y datos personales
• Seguridad de las redes y sistemas de información
• Infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE
• Infracciones relativas al mercado interior (competencia, ayudas de Estado)
• Infracciones penales graves (fraude, corrupción, delitos fiscales)